Cuando el personal de salud pública, como es el IMSS o el ISSSTE, incumple lo anterior e incurre en negligencia o indebida práctica médica, las personas tienen el derecho de demandar la reparación de los daños, tanto físico como emocionales, causados.

Recientemente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha determinado en el criterio IX-P-SS-370, que la presunción de ingresos por depósitos bancarios no identificados puede desvirtuarse exhibiendo el contrato de préstamos correspondiente, acompañado de los Estados de Cuenta que demuestren el pago de los mismo.

Los casos en que puede demandarse la indemnización por los actos irregulares de los servidores públicos son bastante amplios, pues las autoridades prestan una gran variedad de servicios públicos, que abarcan diversas áreas de la sociedad, como puede ser salud, educación, transporte, medio ambiente y otras tantas más.

De una interpretación literal del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se desprende que los gastos estrictamente indispensables deben estar amparados en contratos privados para efectos fiscales.

En ese sentido, puede considerarse que esta presunción fiscal puede desvirtuarse acreditando que los depósitos bancarios se encuentran debidamente registrados en la contabilidad, pues quedaría destruido el hecho que dio lugar a tal presunción.

De esa forma, los conflictos que se originan por los actos, omisiones o auditorias de las autoridades fiscales, pueden someterse al conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), para que, a través de los distintos servicios que presta, proporcione una solución pronta, completar y gratuitas.

Los contribuyentes que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por lo que los trabajadores y personas con ingresos asimilados, deberían documentar, dentro de la posibilidad de cada caso, los servicios que prestan.

Es importante contar con documentación adicional al contrato de adquisición de bienes o prestación de servicios, que acredite la realización de las operaciones celebradas con terceros, los cuales, como se ha mencionado, pueden ser lo que habitualmente son requeridos por el mercado.

… de la interpretación literal del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación se advierte una clara distinción entre bienes y servicios, distinguida por la disyuntiva “o” que el legislador estableció para separar ambos tipos de operaciones, por lo que cuando los Comprobantes Fiscales amparen bienes o mercancías, éstos deberán contener la cantidad, unidad de medida y clase de éstos, mientras que, cuando se trate de servicios, deberán contener únicamente su descripción.

Para fomentar el consumo de alimentos sanos, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenibleestablece que las autoridades sanitarias deberán verificar que los establecimientos que otorguen servicios de alimentos o bebidas cumplan con lo siguiente:

La resolución que rectifica la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo debe estar debidamente fundada y motivada, lo cual significa que el instituto debe expresar qué accidentes o enfermedades de trabajo se consideraron para aumentar o disminuir la siniestralidad de la empresa.

Si bien el IMSS tiene facultades para revisar el Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, no menos cierto es que dicha revisión debe cumplir con los requisitos legales previstos en la Ley del Seguro Social, so pena de que se declare su nulidad en el juicio contencioso administrativo.

Todo empieza con una idea.